Este martes entra en un punto culminante de su trámite parlamentario la reforma que pretende el práctico destierro del alcohol entre los conductores en España. En su orden del día, el Congreso prevé el debate y votación de una Proposición no de Ley (PNL) que Insta al Gobierno a “reducir la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a todos los conductores de vehículos motorizados y no motorizados a 0,2 gramos por litro en sangre (0,1 miligramos por litro de aire espirado)”.
Lo que comenzó siendo una peticion sostenida de las asociaciones de víctimas de accidentes y compañías de seguros al Gobierno, lo que después se convirtió en propuesta anunciada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en un desayuno en Madrid, lo que es materia de estudio en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se somete a debate llevado al pleno del Congreso por el grupo socialista.
Interior quiso “impulsar un debate político” según adelantó Marlaska el pasado 12 de septiembre. Cuadran en la PNL las medidas de tasa de alcohol permitida que propuso la DGT, y que no dejan de levantar discreta e inconfesa inquietud en los sectores españoles del vino y la cerveza, al pretender el Gobierno sacar a España del grupo de países que en Europa mantienen en 0,5 la tasa de alcohol permitida. Forman ese grupo del que España comienza su separación países como Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Portugal y otros 15.
Ebrios y muertos
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En su exposición de motivos, la PNL de los socialistas considera que, si bien “se han producido enormes avances en la concienciación de los conductores españoles”, y a pesar de que las tasas de positivos de alcoholemia en los controles de la Guardia Civil han bajado del 5% de media en 2000 al 1,2% en 2023, “todavía un 32,7% de los conductores fallecidos en 2023 presentaba una tasa de alcoholemia positiva”.
Son datos recogidos de un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, extraidos de una muestra de 862 casos. El preámbulo de la propuesta que este martes se debate en la cámara baja se adentra aún más en el campo médico al aseverar que “el alcohol afecta de manera importante a las capacidades psicofísicas y los comportamientos: tiempo de reacción, visión, percepción, coordinación, comisión de infracciones, aumento de las distracciones, la somnolencia y la fatiga”, ademas de “disminuir gravemente la percepción del riesgo y alterar la toma de decesiones”.
Los impulsores de la iniciativa legislativa admiten que rebajar la tasa permitida a 0,2g/l supone de facto la proscripción de la ingesta de bebidas alcohólicas para quien vaya a conducir. “Supondría, en términos prácticos, llevar a la norma la regla de solo un consumo cero es seguro”.
Coherencia
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La propuesta se apoya en otras tres palancas argumentales. Una, que Suecia y Noruega, países líderes del mundo en seguridad vial, tienen en su legislación un máximo de alcohol permitido del 0,2. Dos, que una encuesta europea señala que el 72,3% de los españoles estaría de acuerdo con la medida. Y tres, que debería el Gobierno reducir la tasa permitida si quiere ser coherente con las campañas publicitarias de la DGT.
“Solo 0,0 tiene 0 consecuencias”, dice el eslogan de la lanzada este año. “La única tasa segura es 0,0”, advertía la campaña de Tráfico de 2007. Pero no se remonta a tanto el estudio decidido de la rebaja. Esta iniciativa se consideró en el pasado mes de junio, aunque en principio se planeaba en Interior para aplicársela sólo a los conductores novatos y los profesionales del transporte de viajeros o de mercancías. Pero asociaciones de afectados por eso que Marlaska tilda de “violencia vial” argumentaron en el trámite de audiencia de la DGT que no sería lógico consentir beber a unos conductores más que a otros.
La reforma que se discute supone tocar el artículo 20 del Reglamento de Circulación. Las tasas de alcohol por encima de lo permitido están presentes en el 26% de los accidentes mortales en carretera, según datos de la DGT. Pero hay alcohol en sangre, aun por debajo del nivel legal, en el 33% de los accidentes con personas fallecidas, según conclusión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
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Más de 50.000 sentencias condenatorias emitidas el año pasado tenían al alcohol al volante como conducta sancionada, según la Memoria de la Fiscalía de 2023.
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