El fiscal general del Estado aprovechó su intervención este jueves en un foro de incuestionable relevancia como es la Apertura del Año Judicial para llamar la atención sobre la proliferación en nuestro país de causas impulsadas por acusaciones populares, que últimamente son las que sustentan instrucciones penales que afectan al entorno más directo del presidente del Gobierno, como son las dirigidas contra su esposa y su hermano por presuntos delitos de corrupción.
Álvaro García Ortiz aboga por limitar el uso de esta figura procesal –consagrado en la propia Constitución– mientras que las asociaciones que vienen ejerciendo esta función avisan que se busca censurarlas porque llegan donde la propia Fiscalía -que acusan de depender del Gobierno-, no quiere llegar.
En su discurso, García Ortiz advirtió sobre lo “perturbador” de los efectos que puede generar la acción popular cuando su objetivo es buscar una utilidad “política”. Por ello, criticó “el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno”, y advirtió del riesgo de investigaciones prospectivas.
Fuentes de la Fiscalía reconocen la dificultad de eliminar la acusación popular, pese a que esta figura no existe en ninguno de los países de nuestro entorno. Sería necesaria una reforma de la Constitución, que en su artículo 125 consagra que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular “en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”.
Es en esta sujeción a la ley donde el departamento ahora dirigido por García Ortiz encuentra la posibilidad de acceder a una reforma que limite y, sobre todo, evite el abuso del uso de esta figura, que plantean se ciña al principio de interés legítimo. Una posibilidad de reforma pasaría por limitar qué delitos son susceptibles de ser defendidos por una acción popular.
La posible reforma debería encuadrarse en la prevista de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo objetivo es otorgar la instrucción penal a los fiscales y a cuyo impulso se ha comprometido públicamente el ministro de Presidencia, Justicia y relaciones con las cortes, Félix Bolaños. La limitación de la acción popular no es algo nuevo, viene hablándose de ello desde hace años y la necesidad de abordarla es compartida por amplios sectores de la carrera judicial y fiscal, aunque con matices.
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Las acusaciones
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En el otro lado están las acusaciones populares que a día de hoy protagonizan las instrucciones más mediáticas, como son las dirigidas contra Begoña Gómez y David Sánchez y también otras de las que van de la mano con la Fiscalía Anticorrupción, como es el caso Koldo.
Luis María Pardo, del partido Iustitia Europa, considera que “la partitocracia quiere eliminar lo único que le hace daño”, como son los movimientos de la sociedad civil ante los tribunales a través de la acusación popular.
En declaraciones a este diario recuerda el origen Constitucional de la figura frente a una institución como la Fiscalía, cuya cabeza es nombrada por el poder ejecutivo. “El fiscal sabe que gracias a las acusaciones se están llevando investigaciones por hechos gravísimos de corrupción”, señala, para añadir que si se eliminara esta posibilidad “pierde la ciudadanía y el Estado de derecho”. Por ello, califica las palabras del fiscal general de “inquietantes”.
Tanto Pardo como Nouna Lozano, del equipo jurídico de Hazte Oír, aluden a lo que ocurre cuando un caso de corrupción termina siendo investigado por la Fiscalía Europea, donde no existe la figura de la acusación popular. “Se lo lleva y el procedimiento desaparece”, afirma el primero, aludiendo también a la libertad de información frente a una situación en la que “el régimen decide qué se tiene que dar a la luz pública y qué es lo que no”.
“Desde el caso Begoña, tenemos el deber de cubrir lo que la Fiscalía no solo no está haciendo, pues incluso actúa en defensa va en contra de la investigación”, añade Lozano. Pone también como ejemplo la querella que Hazte Oír ha presentado contra tres mossos tras la segunda huida de Carles Puigdemont. “Si la Fiscalía no pide medidas cautelares tenemos que pedirlo nosotros y entra, en interés de los españoles y de España”.
La letrada añade que no le han sorprendido las palabras de García Ortiz, pero sí que las pronunciara en un foro como es la Apertura del Año Judicial, y alude al compromiso por la libertad frente al interés en ocasiones “partidista” del Ministerio Público. “Veíamos titulares sobre las actividades de Begoña Gómez y nadie movía nada, había que mover ficha”, afirma.
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En fuentes de la asociación Liberum, personada en la causa Koldo y contra David Sánchez, se insiste en la misma idea. “Si el fiscal general hiciese su trabajo no tendríamos que hacerlo el resto.- Por ello critica que haya censurado con sus palabras la vía de defensa que tienen los ciudadanos. “Si todos los españoles somos iguales ante la ley, lo somos para lo bueno y para lo malo, no solo para pagar impuestos”, concluyen.
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Finalmente, Manos Limpias distribuyó una nota tras conocer las palabras de García Ortíz en las que arremete contra “un fiscal reprobado incluso por sus propios compañeros, con un nombramiento ilegal e investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo” por lo que carece de legitimidad para denunciar a las acusaciones populares
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