Murcia expresidente Ramón Luis Valcárcel presentado en 2027, reconstruido en 2006

El Expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular, que presidió la comunidad autónoma entre 1995-2014, se sentará en el banquillo A principios de 2006 delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en la construcción y posterior gestión de una desaladora en 2006 7, 21 il después de los hechos que se van a juzgar. Valcárcel Estar en prisión hasta los 11 años.

Se debatió el orden del día de la III sesión de la XXI sesión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Procesalmente, “Es el primer día hábil de 2027”. Así, el juicio comenzará el día 15 de 2027, y se extenderá hasta el 9 de noviembre de ese mismo año, y habrá más de 80 testigos y se realizarán diferentes pruebas.

La Audiencia Provincial había fijado la celebración de este juicio para el pasado mes de julio y había exigido al expresidente el pago valorado en 74 millones de euros embargo de sus bienes, una decisión contra la que Valcárcel presentó alegaciones, al tiempo que avanzó su intención de no aceptar un acuerdo de conformación y protector de su inocencia, lo que obligó a suspender los embargos de suspender e protecesient desectar. Tras fijar la nueva fecha, que el TSJ recuerda que “Debido al alto volumen de procedimientos pendientes de juicio” y se reúne la Audiencia Provincial, se requiere una nueva sección para la sanción. “En relación con la resolución del transitorio, nombrar magistrados de refuerzo del TSJ”. Con ese refuerzo, la Sección 3 de la Audiencia lleva estos dos años trabajando “desdoblada, como si se tratara de dos órganos”.

La desestimación de las diligencias ante la Audiencia de Murcia ha causado polémica en el pasado, el pasado mes de septiembre, cuando en 2014 se llevaron a cabo las diligencias contra 13 personas que tenían los habíos, que desembocaron en la aplicación de un atenuante en el grado de “muy cualificado”. ” que suponía una importante reducción de las penas, por lo que finalmente sólo tres de los trece condenados pisarán la cárcel.

Valcárcel, que también Presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea entre 2012 y 2014, se enfrenta en este procedimiento a penas que 11 años de prisión, 20 de habilitación oo carga Regularmente prevaricación pública por delitos, fraude continúa y malversación de organismos públicos de cruz,[https://elpais.com/espana/2023-03-30/la-jueza-sienta-en-el-banquillo-al-expresidente-de-la-region-de-murcia-ramon-luis-valcarcel.html” target=”_blank”>según las peticiones de la Fiscalía. El Ministerio Público considera que la forma en la que se gestionó la construcción de esa desaladora, que se ubica en el Valle de Escombreras, en Cartagena, y su posterior venta, generó importantes sobrecostes que asumió la administración pública. La planta se construyó bajo una fórmula de colaboración público-privada en la que la parte pública estaba representada por el Ente Público del Agua, que se creó expresamente para ese fin, y la privada, por un conglomerado de empresas locales que se denominó Hydromanagement y por compañías del Grupo ACS. Estaba previsto que la construcción se autofinanciara con los beneficios de su funcionamiento, pero en 2011 la comunidad autónoma se vio obligada a asumir un rescate cifrado en 600 millones de euros. El fiscal considera que Valcárcel conocía la situación financiera de la planta, que fue una de sus apuestas personales durante su mandato, y que nunca ha llegado a funcionar a pleno rendimiento desde que se inauguró en 2007.

Para el ministerio público, la parte pública compró acciones de la planta “desligando a la parte privada de la ruina del proyecto” y generando un perjuicio económico al erario público en beneficio de las empresas privadas que ascendería a 74 millones de euros, la misma cantidad que se impuso al expresidente como fianza. Este procedimiento judicial, conocido popularmente como “La Sal II”, es una pieza separada de otro procedimiento abierto anteriormente en relación con la misma desoladora, “La Sal I”.

Valcárcel será el segundo presidente de la Región de Murcia en pasar por el banquillo. El primero fue su sucesor en el cargo, Pedro Antonio Sánchez, contra el que pesaban diversas causas por corrupción durante su etapa como alcalde, y que fue condenado en marzo de 2023 a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por amañar un concurso para adjudicar a dedo las obras de construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras.