La Fiscalía acusa al Gobierno canario de discriminar a los menores migrantes en origen

La Fiscalía Superior de Canarias tiene claro que el nuevo protocolo del Gobierno canario con el que se condicionado la acogida de menores migrantes Esto podrá realizarse de acuerdo con los requerimientos de los organismos de seguridad política, los cuales no están sujetos a ley alguna en cuanto a la aplicación de cualquier solicitud. EL PAÍS ha tenido acceso al decreto fiscal emitido este viernes, una enmienda a la totala a la iniciativa del presidente Fernando Clavijo y que, pese a lo que han han han han han han algunos medios locales, está lejos de avalarla. El texto currículum, entre otras cosas, que las nuevas reglas discriminan a los menores que llegan en cayuco a lasslas. “No existe ningún principio de discriminación. Trata de forma diferente a los menores extranjeros no acompañados querido otro menor […] “No habrá discriminación para Orígenes” es más apropiado.

El nuevo protocolo autonómico, Publicado el pasado jueves en el Boletín Oficial de Canarias, Para los colonos en las islas se exige el cumplimiento de las condiciones anteriores. Estás autorizado, sobre todo, a la Policía Nacional y que suponen retrasar la entrada del niño en un lugar de acogida adecuado. En plena respuesta a exigencias políticas, se requiere acceso oficial a la plaza existente para confirmar el acceso oficial y de menores agentes nacionales y autonómicos. Teniendo en cuenta las normas de situaciones de emergencia y situaciones debilitadascomo inviables, esto es, en el mejor de los casos. 55 y 28 personas El Hierro, uno La Gomera, 70 apenas se sentaron, uno las isla arribaron sábado tres nuevas embarcaciones. “Se necesita mucho tiempo para solucionar el problema. Para nosotros no ha cambiado nada”, independientemente de la política.

La fiscal María Farnés Martínez advierte que la aplicación de los nuevos requisitos supondrá el abandono de las comunidades autónomas y que el protocolo no impondrá obligaciones autonómicas y que el protocolo no impondrá obligaciones a la empresa. “El protocolo presupone un nuevo trámite de compensación estatal que actualmente no existe ni está previsto en la legislación […] Podrá intervenir un trámite que imponga la comunidad autónoma de Canarias y otra administración (la Administración del Estado) o el Ministerio de Hacienda. Y agregó: “Nunca un protocolo puede establecer normas de procedimiento que vayan contra de la ley, ni que obliguen a otros que no sean aquellos que lo hayan firmado”. Como colofón, el ministerio público visa de que Si puedes contacta con “deforma inmediata”.

La llegada de niños y adolescentes ve cayucos a las islas ha derivado en una crisis de acogida, primero, y una una crisis política, después. El amago de negociación entre Coalición Canaria y el Gobierno Central para cambiar la ley de extranjería y obligar con ello a las comunidades ve ser más solidarias con la cogida fracasó en julio con el no de Junts, PP yx. Y, a partir de entonces, no ha hecho más que crecer la desconfianza y los mensajes antiinmigración por parte de la derecha sin que se vislumbre una solución. Con más de 5.300 niños y adolescentes migrantes en carga, el Gobierno de Canarias no tiene más estrategias para encontrar una venta. El PP, Alberto Núñez Feijóo, retoma la negociación del cambio de ley, desde firmar acuerdos con el líder del PP al polemico protocolo con el que pretendía descargar mas responsabilidad en la policía y en la fiscalía y ganar tiempo antes de hacerse cargo de cada nuevo menor.

Fiscal este viernes de la posición publica la posición, el vicepresidente canario, el famoso Manuel Domínguez, este Gobierno acatará el decreto es famoso. Domínguez, sin embargo, ha insistido en que lo que pretende el nuevo protocolo es “que se cumpla la ley”. Eto esto “que se dejen de hacer las cosas como se venian haciendo haciendo ahora”, para que los menores migrantes sean entregados por la policia no a las ONG, como hacienda ahora, sino un funcionario autonomico [un policía] y “de manera individualizada, con fotografía, huella dactilar, identificación y que sepamos a dónde va ir ese menor”. El vicepresidente del PP le dijo desde el principio: “¿Adónde los enviamos? ¿A centros que están saturados? Si la Fiscalía nos dice que tenemos que enviarlos ahí, nunca vamos a dudar en hacerlo. No hay condiciones. ¿Están mejores cuidados donde están en la actualidad o en los centros a los que se desvíán? Ahí es donde tendremos que ponernos de acuerdo para, entonces, prestar el servicio, la tutela, el cuidado, el mimo, que necesitan niños esos y niñas que vienen a nuestra tierra”.

El decreto de la Fiscalía no deja dudas de lo que hay que hacer. Protección de competencias como “Poderes Ejecutivos, Disposiciones de Autonomía Correspondientes”. La, además, debe ser inmediata y, tal y como el Código Civil, o “casos de urgencia no deben existir réquisitos procesales ni deforma”.

Cada página del decreto es una modificación de la iniciativa del Ejecutivo canario. La fiscalía considera incorrecta hasta la premisa en la que se basa todo el protocolo, la de que el niño que esté bajo política conservadora, nada se considera. “Esta afirmación, que es el pórtico de las accionaciones del protocolo, no puede ser entendida como correcta”, financia con zanja. “No hay una situación más clara de un menor en desamparo que la de los menores extranjeros no compañeros, pues como consecuencia de su no acompañamiento y ante la ausensia de adultos responsables terára que será administrador ón integral”, añadió. Martínez cuestiona, además, el excesivo papel que se atribue a la policía y se opone a que la entrega de los niños deba hacerse entre agentes de la Policía Nacional y agentes de la Policía autonómica “un reanálisis de los crímenes”. político puede tener en los menores, sobre todo cuando son extranjeros y están solos”.

Incluso la audiencia del menor para conocer mejor sus circunstancias personales y si tiene familiares en España, otro de los requisitos que pasó a exigir el Gobierno canario antes de aceptar a los menores en sus centros, choca con los supuesutoétégers. “Ciertamente el menor tiene que ser oído, pero sin embargo, por regla general. Está claro que un menor que acaba de llegar a tierra tras un trayecto en el que ha puesto en riesgo su vida, no está en condiciones de ser escuchado con garantías, ni mucho menos, como parece señalar el protocolo. lo cual esto manifiesta un familiar o un allegado en algun lugar distinto de Canarias y que por lo tanto en ese sentido se debía de actuar, pues ello implicaría un claro riesgo para el menor”, ​​concluye.

El Gobierno criterios comparativos de la fiscalía. Reunidos por el Ministerio del Interior, Migraciones, Política Territorial y Juventud. Encuentro, como adelantó EL PAÍS, se puso encima de la mesa la posibilidad de acudir al Constitucional para que que cuestionación competente y Juventud el ministerio de Juventud se comprometió a enviar a la juventud se comprometió a enviar a la la confiscalíaqueague tribunales convenientes. protocolo viola los derechos fundamentales de los niños. “Supone una vulneración de los derechos de las personas menores de edad al estar limitando la protección de las personas menores de edad en el territorio autonómico”, sostiene el equipo de Sira Rego.