El sector del transporte de viajeros interurbanos y urbanos han vivido este lunes su primer día de huelga. Los sindicatos han cuantificado el seguimiento como masivo, con porcentajes de participación de entre el 80% y el 90% de los trabajadores no vinculados por los servicios mínimos. Las patronales, por el contrario, han destacado la escasa incidencia de las protestas y que la mayoría de pasajeros han podido llegar a su lugar de destino.
Desde posiciones enfrentadas, los agentes económicos han cerrado su primer día de paro a nivel de toda España con la mano tendida para evitar un segundo. En el calendario de movilizaciones están a día de hoy marcados en rojo los días 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5, 9 y 23 de diciembre. Tienen dos semanas los sindicatos y las patronales más representativos del sector para ponerse de acuerdo. De momento, según coinciden fuentes de ambas bancadas, no tienen fecha prevista para una nueva reunión en la que desencallar el conflicto, si bien ambas tienden la mano a la otra y confían en no llegar al próximo 11 de noviembre con una convocatoria de paro activa.
Un preacuerdo para no llegar a la jornada de este lunes con una huelga estuvo cerca, según coinciden esas mismas fuentes. Si bien todavía faltan flecos para el mismo. Las empresas del sector insisten en dos puntos para aceptar tramitar de manera conjunta con los sindicatos una solicitud a la Seguridad Social para que incluya a los autobuseros como colectivo susceptible de acogerse a unos coeficientes reductores para la jubilación anticipada.
Los empresarios trasladan a los sindicatos que comparten su reivindicación de adelantar el retiro de los conductores, para así evitar los riesgos en la carretera asociados al desgaste de los largos años al volante. Sin embargo, quieren asegurarse que ello no complica su operativa en un sector que ya clama contra la falta de profesionales aptos para cubrir vacantes. Es por ello que las patronales pretenden pactar con los sindicatos la inclusión de los conductores en el catálogo de profesiones de difícil cobertura, para así que las compañías puedan ir al extranjero a contratar a personas en origen.
Otra demanda de las empresas y que atañe directamente a la Administración es la revisión de los contratos públicos para adaptarlos a esa demanda de jubilación anticipada. Y es que sumar a un sector al régimen de jubilaciones anticipadas implica una sobrecotización durante la vida laboral de los empleados, lo que implica mayores costes laborales a asumir por las empresas. Y no todas están dispuestas a hacerlo, si no son compensadas en el caso de que trabajen con el sector público.
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Los sindicatos, por su parte, operan con la presión de los precedentes. La semana pasada desconvocaron los paros previstos en el transporte de mercancías por carretera porque allí las patronales sí aceptaron tramitar esa petición a la Seguridad Social para que los conductores pudieran acogerse a la jubilación anticipada. Y en el caso de los conductores del transporte de viajeros, la presión de sus afiliados les exigirá a las direcciones obtener el mismo resultado.
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